Opinión

Una empresa de automoción denuncia el “daño económico” causado por el ayuntamiento de Villena

Lamentan el retraso en los pagos por el suministro de dos furgonetas para el servicio de limpieza viaria

La empresa Andacar 2000 S.A., de Castellón, ha remitido un escrito denunciando el trato sufrido por parte del ayuntamiento de Villena. A continuación reproducimos íntegramente el mismo:

“En primer lugar, el primer revés ocasionado a nuestra empresa fue cuando presentamos propuesta para la adquisición de una furgoneta para el dpto. de servicios. Andacar 2000 S.A. vivió en primera plana como adjudicaban a otra empresa, siendo que Andacar era la económicamente más ventajosa (solo se valoraba el precio), lo cual nos dejó atónitos. Tras argumentar y demostrar la No conformidad al respecto, el Ayto. de Villena tiene que admitir su error en el informe y asignar la adjudicación a nuestra empresa.


Pero parece ser que el firmante encargado de este proceso supuestamente debería ser un funcionario (que normalmente en la mayoría de las administraciones suele ser ingeniero). Pero en este caso no lo es (según fuentes  municipales), sino que se trata de una persona con una encomienda de servicios que proviene de la municipalización que realizó el Ayuntamiento de Villena sobre una empresa de limpieza, que según publicaciones de prensa  “está siendo para la población de Villena el servicio de peor calidad y más caro que han tenido".


La segunda acción de perjuicio hacia nuestra empresa viene argumentada por esta persona nuevamente tras indicar que un vehículo "no disponía de airbag lateral". Nuevamente salimos en nuestra defensa con la argumentación basada en un certificado oficial de la marca FIAT y los nº de bastidores, indicándole que sí lo lleva y que lo señalan con una etiqueta en los mismos asientos. En este caso nos dañan gravemente y además por el motivo de que dicha persona había confundido los airbags laterales con los airbags de cortina.


Esta información se le da a la persona de pluma rápida que nuevamente nos quiere dañar sin haberse documentado antes. Vía teléfono por mi persona. Esta verificación hace que Sí recepcionaran los vehículos, pero me señala que habían iniciado un proceso sancionador (el cual nos llegó previamente a esta llamada) que ya  una vez lanzado no se podía parar.

Quedándonos atónitos ante tal exposición, rogamos lo solucione cuanto antes. Pero no solo no lo hace, sino además no hemos recibido respuesta al recurso que interpusimos defendiéndonos ante tal injusticia.

Desde ese momento hemos intentado contactar con varios representantes del Ayuntamiento sin tener éxito. Lógicamente se han mandado escritos, multitud de correos sin obtener respuesta de ninguno. El Covid-19 se alió con el Ayuntamiento de Villena, puesto más que teletrabajo parece que disfrutaban de televacaciones. El silencio administrativo fue total.



En fechas atrás solicitamos hablar con el alcalde, pero fue  misión imposible, si lo conseguimos hacer con D. Francisco  Iniesta López. Que aun siendo primer teniente de Alcalde, dice no saber nada al respecto cosa que no entendemos porque está dentro de sus delegaciones.

Para concluir el Ayuntamiento se está autocobrando una sanción impuesta por ellos sin atender a nuestra defensa, descontándolo de cuotas mensuales que el Ayuntamiento nos debe y sin poder actuar, facilitando que el tiempo corra y que esto termine en un contencioso, donde sea un magistrado el que determine. Esto nos hubiera parecido bien si no hubiesen recepcionado los coches y no los hubieran usado. Pero esto que hacen sin contestarnos, y autofinanciándose con sanción injusta es totalmente inmoral y nada lícito, ya que ellos están en su deber de contestar al recurso de reposición interpuesto por nuestra mercantil.

Lo que está claro es que por ahora Andacar 2000 S.A. está dando un servicio sin cobrar y perdiendo dinero en un momento muy duro para la economía española y sus empresas.

Con acciones de este tipo los Ayuntamientos se convierten en el peor enemigo de las empresas y por ende en un falso defensor de los intereses de sus vecinos, que tendrán que pagar gastos adicionales por una mala praxis”.




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