Una trabajadora denuncia al ayuntamiento al considerar infravaloradas sus secuelas tras un accidente laboral
El incidente tuvo lugar mientras realizaba un curso de formación vinculado al propio consistorio
Una vecina de Villena ha iniciado acciones judiciales tras considerar insuficiente la indemnización reconocida por el Ayuntamiento por las lesiones sufridas en un accidente laboral ocurrido mientras realizaba un curso de formación vinculado al propio consistorio.
Durante ese periodo, la afectada se encontraba bajo la cobertura y responsabilidad del Ayuntamiento, al tratarse de una actividad formativa desarrollada en su ámbito, situación que la parte reclamante equipara a la de una trabajadora eventual a efectos de protección.
Según la documentación aportada por la interesada, tras el accidente intervino la Inspección de Trabajo, que apreció deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales. Estas actuaciones derivaron en resoluciones dentro del ámbito de la Seguridad Social, independientes de la indemnización por daños y secuelas que ahora se discute en la vía contencioso-administrativa.
Valoración de los daños
La reclamación judicial no gira sobre si existió el accidente, sino sobre cómo se han valorado sus consecuencias. La afectada sostiene que la valoración médica asumida por el Ayuntamiento presenta carencias relevantes.
El informe médico que aporta, basado en exploración directa, describe limitaciones de movilidad, dolor persistente y afectación funcional tras una fractura de radio que requirió intervención quirúrgica. Sin embargo, la valoración utilizada por la aseguradora municipal se realizó sin exploración física directa de la lesionada por parte de su perito, algo que la trabajadora considera difícil de comprender cuando se trata de medir movilidad, limitación funcional o dolor residual.
También se cuestiona el número de días de perjuicio grave reconocidos tras la hospitalización, así como la puntuación asignada a las secuelas físicas y estéticas. Según la parte reclamante, estos conceptos se han valorado a la baja respecto a los informes médicos aportados.
Discrepancias en las compensaciones
Otro de los puntos de desacuerdo es la ausencia de compensación por pérdida de calidad de vida, pese a existir, según la documentación médica presentada, limitaciones funcionales permanentes. Asimismo, se reclama que no se ha tenido en cuenta el daño moral derivado del proceso, a pesar de constar tratamiento psicológico y psiquiátrico posterior al accidente.
La afectada también señala que no se han aplicado las actualizaciones e intereses previstos legalmente en este tipo de procedimientos, lo que, a su juicio, incrementa la sensación de desprotección.
“Más allá de las cifras, lo que más cuesta asumir es la impresión de que se ha seguido sin mayor revisión el criterio de la aseguradora, sin un análisis médico propio más profundo”, concluyen desde el entorno de la trabajadora.
