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El Ayuntamiento aprueba el Plan de Medidas Antifraude para optar a las ayudas europeas

El documento crea un Equipo Antifraude compuesto por dos funcionarios y el alcalde para el control ante situación de conflicto de intereses o comportamientos irregulares

El Ayuntamiento de Villena ha aprobado su Plan de Medidas Antrifraude, una exigencia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia creado por el Gobierno central como respuesta a la crisis económica generada por la pandemia de la Covid-19, condición obligatoria para la percepción de los Fondos Europeos procedentes del paquete de ayudas Next Generation.

El objetivo del Plan de Medidas Antifraude es atajar comportamientos o gestiones irregulares que afecten a la legalidad de la norma o que violen la libre concurrencia de las empresas a la hora de optar como proveedor de servicios del Ayuntamiento. Para ello, establece cuatro fases básicas en la gestión de los futuros fondos económicos procedentes de la Unión Europea, como son la Prevención, Detección, Corrección y Persecución.

El concejal de Hacienda, Juan José Olivares, considera que con este documento se “fortalece los sistemas de control interno que ya tiene el Ayuntamiento de Villena, que es especialmente escrupuloso en la tramitación de contratos, gestión de los pliegos de licitación y de adjudicación. Para nosotros es una manera de compilar muchos de los filtros de seguridad que ya teníamos, disponer de ellos de manera más ordenada y sistematizada, pero tampoco resulta ninguna novedad excepcional”.

Lo que genera, como ha explicado Olivares, es la creación del Equipo Antifraude, un grupo de personas del propio Ayuntamiento que será responsable de llevar a cabo las medidas del plan, su visado y control. Los miembros naturales de este Equipo serán el alcalde o concejal delegado por el alcalde, un técnico elegido al azar de los departamentos de secretaría, intervención y contratación y un técnico elegido al azar del resto de departamentos del Ayuntamiento.

El documento también incluye medidas adicionales para solventar cuestiones de posibles conflictos de intereses entre el personal político o funcionarial del ayuntamiento que puedan generarse durante la tramitación y gestión de los fondos de la Unión Europea.

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